¿Habrá o no habrá aumento autorizado de los servicios de telecomunicaciones en febrero? Entre hoy yy el lunes se define si las pyme y cooperativas podrán hacerlo en el mes que está a punto de iniciarse. Y en marzo habrá un nuevo aumento para todos los actores de la industria. Como suele suceder en esta industria desde agosto -cuando se conoció el DNU 690 que congeló precios y declaró servicio público en competencia a la telefonía móvil, internet y TV paga-, los viernes a la tarde pueden traer novedades fuertes.
Así lo pudo saber iProfesional de parte de una fuente vinculada con las negociaciones que, sin dejar de ser tensas, continúan aunque en los últimos días el foco y los esfuerzos estuvieron puestos más que nada entre los actores más pequeños de la industria.
Hasta el jueves a última hora hubo deliberaciones entre las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de autorizar los aumentos, el ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete, que siguen de cerca estas alternativas.
"Estamos estudiando la posibilidad de autorizar un aumento para pymes y cooperativas en febrero que se definirá hoy o, a más tardar, el lunes. Estamos analizando la estructura de costos. En enero se estuvieron evaluando los documentos que nos trajeron las empresas. Y en marzo habrá aumento para todos", confirmó a iProfesional la fuente consultada, aunque no precisó de cuánto sería la nueva suba autorizada.
La decisión de permitirle en febrero un nuevo aumento a este segmento respondería el hecho de que en marzo de 2020 el incremento que aplicaron a sus servicios fue menor que el que ejecutaron las grandes empresas. Hay que recordar que, cuando se iniciaron en marzo del año pasado las restricciones por la pandemia, el Gobierno también les pidió a las operadoras de telecomunicaciones que retrotrajeran los precios que habían registrado aumentos en el marco de las medidas que se fueron tomando en función del parate que, se avizoraba, tendría la actividad económica por el aislamiento.
En estos últimos días, las empresas de telecomunicaciones más pequeñas se expresaron fuertemente por la falta de definiciones en relación a las autorizaciones de nuevos aumentos. Y también hubo fuertes pronunciamientos de los funcionarios de más alta jerarquía del ENACOM en relación a la obligación que tienen las compañías de respetar los incrementos autorizados.
Costos por las nubes
¿Por qué insisten las empresas grandes, las pyme y las cooperativas del sector con que se autoricen aumentos más altos? Porque los costos en 2020 tuvieron incrementos que promediaron el 50%.
"Les presentamos un modelo de cómo subieron los costos, con un promedio de 51% en el 2020, además de la inflación proyectada para este año, por lo que pedimos un mecanismo automático de aumentos", dijo a iProfesional, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet.
En un sentido similar se expresó en estos días la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET) que alertó sobre la posibilidad de que el servicio de TV por cable se corte tras informar un aumento de costos de 52% para 2020 que discriminó de la siguiente manera: los insumos electrónicos y repuestos importados tuvieron alzas de 76%; los impuestos provinciales y municipales, un 36%; las señales televisivas un 46%; el ancho de banda de internet un 40%; entre otros. Y advirtieron que los impuestos vinculados con el sector, como los relacionados con SADAIC, ADICAPIF y el Fondo Nacional de las Artes, entre otros, se están dejando de pagar.
También advirtieron sobre la caída de la calidad del servicio "en el que las inversiones y el mantenimiento no son una opción en un marco económico como el actual donde el gobierno autorizó en nuestro rubro una suba de sólo 8%", se indicó en el video de la AET. El regulador les otorgó a las empresas más pequeñas, con menos de 100.000 accesos, un aumento superior al permitido a las más grandes.
Los reclamos de las pyme de telecomunicaciones también se orientan hacia eximir a las pymes más pequeñas de la obligación de dar la Prestación Básica Universal (PBU) a los segmentos sociales cuyos ingresos se ubiquen por debajo de dos salarios mínimos. "Pedimos que a los proveedores de internet de menos de 5.000 clientes por localidad y hasta un máximo de 30.000 los saquen del PBU y también les otorguen un método automático para los aumentos porque, de lo contrario, se funden", agregó Graizer.
Los distintos empresarios pyme también se expresaron fuerte en los últimos días en las redes sociales con números que apuntan a dar argumentación sólida a sus afirmaciones (además de ser otra muestra de la falta de diálogo con las autoridades). Raúl Malisani, presidente de Cablenet y un referente del sector, comparó en un gráfico que, mientras la nafta aumentó un 58,1% entre octubre de 2019 y enero de 2021, el dólar lo hizo en un 54% y las paritarias SAT (sindicato de televisión) fueron de 40%, y el índice de precios al consumidor alcanzó el 46%, el abono de internet de 10 mb sólo subió un 8,3 por ciento.
La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) que nuclea a las compañías del sector a nivel regional, también se expresó esta semana sobre la situación de los operadores en la Argentina, y afirmó que "la política de control de precios instrumentada sin sustento técnico, que representa una anomalía en la región, pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector y compromete el futuro del desarrollo de las telecomunicaciones".
En un comunicado breve pero concreto, la entidad dijo que "la situación en Argentina representa una anomalía en la región, y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios de todo el ecosistema digital. Un control de precios discrecional para todos los servicios y planes de un sector en competencia no sólo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas, al hacer insostenible su operación en un contexto de altísima inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios, al ahogar a los proveedores de un servicio que se considera esencial", concluyó.
Esta semana se conoció un informe de un comparador de precios de banda ancha del Reino Unido, cable.co.uk, que mostró que el precio de este servicio en la Argentina, medido en dólares, es uno de los más bajos de la región, al promediar los u$s19,49, contra valores de u$s33 o más por un servicio idéntico en países como Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros.
¿Vieja pelea?
Los distintos actores consultados sobre el estado de situación de las conversaciones para lograr otro aumento de precios en febrero coincidieron en manifestar a iProfesional que pareciera estar reeditándose la vieja pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín, hoy dueño de Telecom, de hace una década. Y que el DNU 690 ya esté judicializado sólo anticipa postergaciones en la toma de decisiones de inversión con el consiguiente efecto negativo que eso implicará en la calidad de los servicios.
En los últimos días los funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a cargo de las negociaciones que autorizan los incrementos de precios se expresaron en las redes sociales fuertemente contra las empresas que enviaron incrementos en las facturas por encima 5% autorizado.
La diferencia entre aquella pelea y la de ahora es que, en esta oportunidad, corren el riesgo de subsistencia las pymes y cooperativas de telecomunicaciones que suelen llevar la conectividad a las zonas más alejadas de las grandes urbes. De ahí que haya una reacción tan homogénea de parte de este sector para que el Gobierno modifique las decisiones tomadas. Para las empresas más grandes el negocio pierde sustentabilidad, es decir, los usuarios verán deteriorada la calidad del servicio.
"Lo que aquí se pone en juego es la esencia de la democracia: quién gobierna el país, si el sistema democratico o una coporación económica", dijo en sus redes Gustavo López, vicepresidente del regulador, en relación directa a Telecom. Luego, confirmaría a la agencia Télam que la empresa había sido intimada.
Este viernes, la cautelar presentada por Telecom contra el decreto 690 fue rechazada por el juez federal Walter Lara Correa, del juzgado de feria de primera instancia en lo contencioso administrativo federal. Pero se espera que habrá apelación. En el medio, continuarán los tires y aflojes para de cuánto serán los aumentos para las pyme en febrero, y a cuánto se elevará para toda la industria, en marzo.
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